Las normas nacionales e internacionales sobre los derechos humanos y sociales expresan con mucha claridad el derecho que tienen todas las personas, independientemente de su edad, su cultura, y el lugar donde viven, de acceder a los procesos de educación formal y no formal, pues estos proporcionan mejores posibilidades de interacción social, de participación y de aporte en la vida pública, para aprovechar sus potencialidades y desarrollarse en mejores condiciones de vida; por tanto, para los Estados constituye una obligación social proporcionar a sus habitantes todas las posibilidades y facilidades para iniciar los procesos de formación y garantizar la continuidad durante toda su vida. Sin embargo, este principio básico y universal de vida, como el derecho a la educación, encuentra limitaciones en su concreción debido a diversos factores que limitan su realización, como la situación de pobreza, la situación de exclusión social y las desigualdades económicas y culturales generadas por un sistema social y económico excluyente.

Este contexto de exclusión y marginalidad, genera a su vez situaciones de vulnerabilidad social y educativa en la población, ya que repercute en las posibilidades de una vida plena y limitaciones en el acceso a la educación, que también provoca el círculo vicioso de una precaria calidad de vida por falta de acceso a la educación y viceversa. En esta situación de vulnerabilidad social y educativa se encuentran las personas jóvenes y adultas privadas de libertad que viven en un contexto de encierro, debido a diferentes problemas vinculados con la comisión de delitos o acusaciones de delitos, muchos de ellos de manera preventiva sin una sentencia condenatoria. Las implicancias de la vida, en un régimen penitenciario con privación de libertad de locomoción y de encierro, con ciertas reglas y limitaciones en cuanto a las actividades cotidianas, por su naturaleza absorbentes dificultan y desfavorecen el ejercicio pleno del derecho a la educación, lo que empeora la condición de exclusión en la que ya se encuentran las personas privadas de libertad.


La iniciativa de la AAEA para poner en relevancia el derecho a la educación de las personas privadas de libertad
Frente a esta situación de exclusión educativa de las personas privadas de libertad y la ausencia de políticas educativas para las personas que viven en contextos de encierro, la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (AAEA), coherente con los postulados de una educación de calidad para todos y todas, en el año 2005 y junto a la entonces Dirección General de Educación Alternativa, inició con una serie de actividades para: visibilizar el problema del derecho a la educación de los privados de libertad; discutir el sentido y las características de la educación en contextos de encierro; plantear propuestas de políticas para esta población junto al Ministerio de Educación y la Dirección General de Régimen Penitenciario, generar capacidades y nuevos desempeños en los educadores y educadoras que atienden a esta población; todo esto con la intención de consolidar una estructura educativa capaz de responder a las necesidades y demandas educativas específicas de las personas privadas de libertad.

Talleres Nacionales de Educación en Cárceles. La primera tarea que proporcionó un marco situacional de las personas privadas de libertad y del contexto de encierro fue el “Primer Taller Nacional de Educación en Cárceles-2005, realizada en el departamento de Oruro, seguida de otros talleres y encuentros en los siguientes años, donde los facilitadores y facilitadoras de los Centros y Programas que trabajan en los establecimientos penitenciarios analizaron su especificidad de trabajo, desvelaron sus problemas y compartieron sus aprendizajes y formas de trabajo con esta población. Estas actividades permitieron generar un ambiente de trabajo colectivo y un fuerte compromiso con el derecho a la educación de los privados de libertad.

Estudio sobre la EPJA en Establecimientos Penitenciarios. Otra tarea fue el “Estudio sobre la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Establecimientos Penitenciarios”, publicado en la Serie Nº 1 de Estudios con Propuestas, desarrollado con el enfoque etnográfico, que permitió la comprensión de sujeto privado de libertad, caracterizó la situación de vida en el encierro y estableció los elementos de la institucionalidad de los Centros y Programas que ofertan procesos educativos en los establecimientos penitenciarios. Toda la información y conclusiones impulsaron la teorización de la problemática y plantearon la ruta que debía seguirse para instaurar este derecho en los ambientes carcelarios.

Programa Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas Privadas de Libertad. Como consecuencia de las recomendaciones del Estudio, se organizaron procesos de discusión y construcción del “Programa Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas” que en su contenido plantea estrategias compartidas de trabajo entre el Sistema Educativo y el Régimen Penitenciario para generar propuestas de oferta educativa pertinentes, accesibles y conscientes de la especificad del trabajo con personas privadas de libertad y en contextos de encierro.

Red Temática de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Establecimientos Penitenciarios. La conformación de la Red Temática de Centros que trabajan en Establecimientos Penitenciarios responde esencialmente al objetivo de contar con una instancia de educadores de personas privadas de libertad organizada y capaz de generar un movimiento pedagógico que exija tanto al estado como a la institucionalidad de los Centros el desarrollo de acciones que conduzcan a fortalecer el derecho a la educación y mejorar la calidad de la atención educativa, desde los propios actores educativos. Asimismo en esta misma línea se conformó la Red de Instituciones de Educación en Contextos de Encierro (RIECE) como mecanismo de aportes desde las instituciones de la sociedad civil para el potenciamiento del derecho a la educación en contextos de privación de libertad.

Diplomado sobre la Educación de Personas Jóvenes y Adultas Privadas de libertad. Fue realizada en dos versiones y coordinada académicamente por el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC) de La Plata-Argentina, promovió la capacitación y el desarrollo de desempeños pedagógicos y didácticos en más de 60 educadores de personas privadas de libertad para su aplicación contextualizada en los procesos educativos con esta población. Este proceso permitió establecer un marco de referencia muy claro sobre la especificidad temática de la educación con privados de libertad y en contextos de encierro.

Apoyo al Proyecto de Educación en Contextos de Encierro. Promovidas las acciones para la visibilización de la temática del derecho a la educación de las personas privadas de libertad, planteados los lineamientos estratégicos para la consolidación de la educación de personas jóvenes y adultas en los establecimientos penitenciarios, la AAEA apoya técnica y con personal especializado a la Dirección General de Educación de Adultos, con el objetivo de que este ámbito educativo sea fortalecido a través de una estructura de Centros internos en los penales, con una currículo diversificado a esta población y con una metodología adecuada con contexto de vida de encierro.


Aportando en las políticas educativas a favor de la población en situación de vulnerabilidad
Esta experiencia de construcción colectiva, participativa y de verdadera incidencia en las políticas educativas por parte de la sociedad civil, a través de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos, muestra un conjunto de escenarios, principios, roles y acciones que permitieron consolidar la visibilización, el análisis pedagógico y la construcción de propuestas de acción para que el Estado asuma la obligación de garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Los aspectos y elementos que configuran esta experiencia son los siguientes:

• El accionar de la educación de personas privadas de libertad corresponde a dos ámbitos, el ámbito del sistema educativo y el ámbito del régimen penitenciario, ambos dependientes de instituciones estatales. Al sistema educativo corresponde dotar de ofertas educativas a las personas privadas de libertad que les permita, independientemente a su situación de privación de libertad, continuar sus estudios, diversificar su formación y ampliar las oportunidades para que puedan generar sus proyectos de vida. Al ámbito de régimen penitenciario corresponde configurar las características de la situación de encierro para que hayan mayores posibilidades físicas y subjetivas para el ejercicio del derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Esta doble dimensión de trabajo educativo en contextos de encierro y con personas privadas de libertad requiere una estrecha coordinación de las autoridades estatales referidas al sistema educativo y al régimen penitenciario y desde esta precepción, en esta experiencia se ha podido acercar ambas instancias por lo menos en cuanto a sus instancias de dirección (Dirección General de Educación Alternativa y la Dirección General de Régimen Penitenciario), lo que permitió concretar las acciones de diagnóstico y elaboración de la propuesta de Programa Estratégico, aunque no se pudo avanzar en la firma de Convenio entre ambas instancias.

• Para que una acción adquiera sentido estratégico y responda de una manera coherente a la realidad y a las necesidades de las personas es necesario el desarrollo de procesos de investigación y diagnóstico, pues sólo vista la problemática desde lo actores y configuradas las características de la situación educativa es posible plantear estrategias y acciones que refuercen el diseño de políticas y su efectivización en cuanto a normas e implementación. Esta es la razón por la que en esta experiencia, de construcción de políticas educativas, la base discursiva estuvo sostenida por el análisis y la investigación.

• Esta acción, más allá de quien inició la visibilización de esta temática, permitió dar voz a los actores y generar aportes a quienes desde sus especificidades, ya sean pedagógicas (docentes), institucionales (direcciones generales) y sociales (instituciones de la sociedad civil), hicieran sus contribuciones en la construcción teórica, en la discusión sobre las estrategias y en el desarrollo de desempeños pedagógicos para la acción educativa. El carácter participativo de la acción de construcción de políticas educativas muestra la esencia colectiva de los cambios educativos.


Lecciones que podemos aprender de esta experiencia
Esta experiencia de construcción y consolidación de políticas educativas dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad, como es el caso de la población en situación de privación de libertad, nos muestra un conjunto de principios de acción que puede servirnos como aprendizajes, estos son:

• Los actores involucrados en la educación de personas privadas de libertad, tanto estatales, sociales y educativos, ha contribuido con aportes desde sus especificidades y este hecho ha potenciado y generado un movimiento por el derecho a la educación para las personas privadas de libertad y por una educación adecuada al contexto de encierro. Las acciones tienen mayor significación si los actores están comprometidos en su concreción.

• Los procesos de exigibilidad, en este caso del derecho a una educación de calidad para los privados de libertad, tienen que contar con propuestas de estrategias y acciones basadas en estudios coherentes sobre la situación, tanto de la persona privada de libertad como del contexto de encierro. Las políticas educativas deben basarse en estudios y análisis de complejidad de todos los componentes que intervienen en una situación al cual se quiere responder.

• Para generar cambios en educación es imprescindible la formación de educadores especialistas en los contextos de trabajo y en las metodologías para trabajar con una población específica, en este caso en contextos de encierro y con personas privadas de libertad.

• En contexto de encierro debe ser entendido como un espacio integral de vida por lo que una oferta educativa ya sea de tipo humanística o de formación laboral debe promover cambios en la persona, pero eso también exige cambios en la institucionalidad de régimen penitenciario, que permita el proceso de readaptación y reinserción social.